El magistrado presidente John Roberts —encargado de los asuntos de emergencia que provienen de cortes federales en la capital del país— emitió su orden en un momento en que estados conservadores intentan mantener en vigor los limites a los solicitantes de asilo que se implementaron para frenar la propagación del COVID-19. Presentaron una apelación ante la Corte Suprema en un intento de último minuto antes de que la medida expire, asegurando que levantar los límites a los solicitantes de asilo causaría un daño irreparable a sus estados.

En la orden, Roberts concedió una suspensión hasta nueva orden y le pidió al gobierno que responda a más tardar el martes a las 5 de la tarde, apenas horas antes de que concluya el plazo que se había programado para que expiraran las restricciones.

La orden de Roberts significa que el caso de alta relevancia, que ha atraído un intenso escrutinio en un momento en que los republicanos se disponen a tomar control de la Cámara de Representantes y hacer de la migración uno de los puntos más importantes de la agenda, se definirá en el último instante.

El gobierno del entonces presidente Donald Trump implementó las restricciones migratorias, conocidas como Título 42, en marzo de 2020, las cuales han evitado que cientos de miles de migrantes soliciten asilo en Estados Unidos en los últimos años.

Estados con gobiernos conservadores han argumentado que retirar el Título 42 provocará un aumento de migrantes en sus estados y afectará los servicios gubernamentales, como por ejemplo de salud y seguridad policial. También aseguran que el Gobierno Federal no cuenta con un plan para lidiar con el incremento de migrantes.

“La revisión de esta corte es justificada dada la enorme importancia nacional de este caso. No es razonablemente debatible que la incapacidad para conceder una postergación cause una calamidad sin precedentes en la frontera sur”, escribieron los estados en su solicitud.

Activistas por los derechos de los inmigrantes han dicho que el uso del Título 42 va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen hacia Estados Unidos para escapar de persecuciones. Además, han argumentado que el acceso a las vacunas y tratamientos contra el COVID-19 ha vuelto obsoleta la restricción. Presentaron una demanda para poner fin al uso del Título 42; un juez federal coincidió en noviembre con ellos y fijó un plazo para el 21 de diciembre.

Activistas migratorios se expresaron respecto a la orden de Roberts. En un comunicado, Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una organización sin fines de lucro, dijo que la decisión es “sumamente lamentable”.

“El Gobierno (del presidente Joe) Biden debe defender firmemente nuestras obligaciones humanitarias ante un litigio con motivos políticos. El Título 42 nunca ha estado fundamentado en ningún argumento de salud pública”, declaró Vignarajah en un comunicado el lunes. “El Título 42 sólo ha incrementado los intentos reiterados de cruzar la frontera y llenado los bolsillos de los traficantes que se aprovechan de los solicitantes de asilo vulnerables”.

En un comunicado difundido el lunes por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), responsable de la seguridad fronteriza, señaló que el Título 42 sigue en vigor y las personas que intenten entrar “ilegalmente” a Estados Unidos serán expulsadas a México.

“En lo que procede esta etapa del litigio, continuaremos nuestros preparativos para manejar la frontera de forma segura, ordenada y humana una vez que se levante la orden de salud pública Título 42”, se lee en el comunicado.

De cara al final del Título 42, funcionarios del gobierno señalaron que han canalizado más recursos a la frontera sur, incluyendo más coordinadores de procesamiento para la Patrulla Fronteriza, más vigilancia y una mayor seguridad en los puertos de entrada. Actualmente hay unos 23.000 agentes emplazados en la frontera sur, según la Casa Blanca.

Antes de la intervención de la Corte Suprema, funcionarios de la Casa Blanca subrayaron el lunes que el gobierno estaba obligado por una orden de la corte a retirar la política fronteriza relacionada con la pandemia, a pesar del llamado de legisladores republicanos y algunos demócratas para extender la medida.

“El retiro del Título 42 no significa que la frontera esté abierta”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre dijo que el gobierno “ha puesto en marcha un extenso plan adicional” y presionó al Congreso para aprobar 3.500 millones adicionales en fondos para el DHS en un momento en que los legisladores siguen afinando detalles de una enorme iniciativa de gastos de fin de año.

Los fondos para el DHS aumentarían las capacidades de transporte de forma que los migrantes puedan ser enviados a instalaciones fronterizas menos atestadas, o puedan ser expulsados rápidamente en caso de no tener fundamentos legales para permanecer en el país. También financiarían más instalaciones de detención, ayudarían a acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y la contratación de al menos 300 agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza.

En las comunidades fronterizas, funcionarios y grupos de ayuda también se han estado preparando para el fin del Título 42, y lo hacen en un momento en que se anticipa un descenso en las temperaturas debido a la presencia de una masa de aire del Ártico en la región.

El funcionario electo de mayor rango en el condado Hidalgo, el juez Richard Cortez, dijo que en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza se han estado reuniendo con funcionarios de la ciudad y del condado, incluyendo en México, con el fin de prepararse para el aumento de migrantes que crucen la frontera una vez que el Título 42 llegue a su fin. Expresó su preocupación sobre dónde dormirían o comerían los migrantes, y considera necesario asegurarse que el puente que conecta a México con Estados Unidos permanezca abierto al tráfico comercial.

“Si (las autoridades) se ven abrumadas en los puertos de entrada, simplemente los van a soltar..., y entonces, ¿dónde van a dormir por las noches, dónde van a comer? Eso nos pone en una situación desconocida. ¿Para que nos preparamos?”, preguntó. “Haremos lo mejor que podamos. En lo personal, no sé por qué el Congreso no se ha reunido para tratar de mejorar la situación”.