La comunidad de Prados de Este continúa protestando por la toma de unas instalaciones deportivas que están siendo utilizadas como mercado de los corotos sin autorización de las autoridades municipales, en este oportunidad a través de un comunicado en el que argumentan las acusaciones contra Kiomara Scovino, presidenta de Asopraes, quien estaría a cargo de la toma del espacio.

También aseguran que "Scovino se ha adjudicado la autoridad sobre el uso de estas áreas, incurriendo en situaciones donde se le niega el acceso a las mismas a niños y personas de zonas vulnerables. La comunidad es de todos, y estos actos de clasismo perjudican la reputación de todos los vecinos".

Resaltan que "no basta con que las canchas de tenis estén “en otra zona”. El uso de espacios públicos o comunales debe estar avalado por asamblea de copropietarios. Cosa que no ocurrió. Se han recibido reportes de emprendedores que hacen vida en la zona a los que se le cobra por el uso del espacio de forma diario, incluyendo un monto destinado a un “IVA” que no existe".

Los vecinos se oponen a la realización de esta actividad porque viola las normas de zonificación, además de preguntarse en qué será destinado el dinero que se recaude.

1. Decir que “no hay pruebas” no borra el hecho de que existen denuncias formales, testimonios vecinales y documentación respaldando los señalamientos contra la gestión de la Sra. Scovino. Descalificar a quienes levantan la voz no convierte los hechos en falsos.
2. Difamación es acusar sin fundamento. Pero cuando hay actas, contratos opacos, falta de rendición de cuentas y uso discrecional de recursos, no se trata de calumnias: se trata de legítima contraloría ciudadana. Quien dude de esto puede acudir al Ministerio Público y verificar en el expediente MP-165253-2023 todas las pruebas y el fundamento de las acusaciones.
3. Acusar a los vecinos de “instigación al odio” solo por hacer preguntas incómodas es una táctica común del autoritarismo. Lo que existe aquí es una comunidad exigiendo claridad, no una campaña de odio.

PUNTO 2 – “Scovino es arquitecta y vicepresidenta de ASOPRAES”

1. Ser arquitecta o tener un cargo en ASOPRAES no es sinónimo de probidad. Lo que se cuestiona no es su título, sino el uso discrecional de su poder en detrimento de los intereses vecinales.
2. La credencial no convierte en impoluto a nadie. Por el contrario, estar en un cargo implica mayor responsabilidad y más exigencia de transparencia, no un cheque en blanco.
3. Mencionar su cargo como defensa es irrelevante. Lo que está en tela de juicio no es su rol formal, sino las decisiones tomadas desde esa posición sin el debido respaldo de la comunidad.

1. Los videos y registros fotográficos contradicen sus afirmaciones: sí se están utilizando áreas originalmente destinadas a actividades recreativas para actividades vecinales.
2. Negar la ocupación del espacio común cuando existen evidencias gráficas es una falta de respeto a la inteligencia de los vecinos. Las áreas comunes no son patrimonio privado de la Junta Directiva. Independientemente de si es en las canchas o en su estacionamiento, la señora Scovino se ha adjudicado la autoridad sobre el uso de estas áreas, incurriendo en situaciones donde se le niega el acceso a las mismas a niños y personas de zonas vulnerables. La comunidad es de todos, y estos actos de clasismo perjudican la reputación de todos los vecinos.
3. No basta con que las canchas de tenis estén “en otra zona”. El uso de espacios públicos o comunales debe estar avalado por asamblea de copropietarios. Cosa que no ocurrió. Se han recibido reportes de emprendedores que hacen vida en la zona a los que se le cobra por el uso del espacio de forma diario, incluyendo un monto destinado a un “IVA” que no existe.


PUNTO 4 – “Todo tiene permiso y está en regla”

1. La legalidad de una actividad no se mide solo por un supuesto “acuerdo con la Alcaldía”. ¿Dónde están las actas de asamblea que aprueban el uso del espacio común?
2. La comunidad tiene derecho a decidir sobre sus espacios. Ni ASOPRAES ni la Alcaldía pueden imponer actividades sin consultar ni respetar el principio de copropiedad. Adicionalmente, es inaceptable que se incurran cobros indebidos por parte de sus miembros a los emprendedores que hacen vida en estos espacios, lo que perjudica el desarrollo de la zona.
3. Si todo estuviera “en regla”, no habría denuncias múltiples ni solicitudes de auditoría. La opacidad con la que se han manejado estos eventos es incompatible con una gestión responsable.

PUNTO 5 – “Los vecinos no se han quejado”

1. Falso. Hay denuncias formales y múltiples testimonios vecinales. Negarlas es invisibilizar la voz de los propios residentes. Se está llevando a cabo una recolección de firmas que supera las 150 familias en las que se busca lograr un cambio en la directiva de Asopraes, ya que ha dejado de representar a los vecinos ya que los actos de corrupción y autoritarismo han desviado el propósito de la asociación. Que la directiva incurra en acusaciones penales debería ser causa suficiente para que se hagan a un lado.
2. Reducir todas las críticas a una sola persona es una estrategia de distracción. La inconformidad es colectiva y sostenida, no producto de un capricho individual.
3. El silencio de ASOPRAES ante denuncias previas no significa que estas no existan, sino que nunca quisieron escucharlas. Hoy la comunidad exige respuestas, no excusas.

PUNTO 6 – “ASOPRAES no cobra; lo hace otra organización”

1. Que se use a un tercero para el cobro no exonera a ASOPRAES. Si recibe dinero a cambio del uso del espacio, hay una relación económica directa que exige transparencia.
2. ¿Dónde está el contrato con “El Garage del Sol”? ¿Quién aprobó esa alianza?
¿Cuáles son los términos? Las relaciones opacas son incompatibles con la gestión vecinal participativa.
3. Los vecinos tienen derecho a saber cuánto se cobra, quién cobra, en qué se gasta y por qué. Delegar la responsabilidad en otro no es lo mismo que actuar con honestidad.

PUNTO 7 – “Nadie mantiene a su familia en Europa con ese dinero”

1. El foco no está en la vida privada de nadie, sino en el uso de fondos de la comunidad sin rendición de cuentas. Si no hay nada que ocultar, que se presenten los libros contables. Asopraes ha incumplido con sus deberes al punto de que su cuenta en el Venezolana de Crédito se encuentra bloqueada, ya que no presentaron las Actas de Asamblea actualizadas.
2. La mejor forma de desmontar rumores no es gritar que son “absurdos”, sino mostrar evidencia clara de una administración transparente. El problema es que la actual directiva de Asopraes ha demostrado no manejar con transparencia sus procesos, perjudicando a los vecinos que se supone representan.
3. Lo realmente “abusivo” sería utilizar recursos de los vecinos para fines personales. Esa es la acusación de fondo, y aún no ha sido desmentida con pruebas, solo con adjetivos.

PUNTO 8 – “No compite con el comercio formal”

1. Este no es un debate sobre competencia comercial, sino sobre legalidad, zonificación y uso indebido del espacio comunitario. No desviemos el foco.
2. Si tan solidario es el mercado, ¿por qué no se realiza en un lugar aprobado por la comunidad y debidamente registrado como espacio ferial? El asunto mayor no recae únicamente sobre el llamado “mercado de corotos”, versa sobre todos los emprendedores que se han visto afectados por los abusos de miembros de la directiva de Asopraes, quienes han llegado a cobrarles vacuna e indebidamente un monto diario por el uso del espacio.
3. Lo que sí compite con el respeto vecinal es usar la necesidad de otros como excusa para actividades lucrativas sin transparencia ni consulta.

PUNTO 9 – “No viola la zonificación, los otros comercios sí”

1. Los comercios que menciona sí cuentan con ficha catastral, RIF, permisos municipales y pagan impuestos, lo cual los diferencia completamente del mercado informal que ella promueve.
2. No se puede justificar una irregularidad señalando otras, menos aún cuando las que acusa no son ilegales y son señaladas únicamente por negarse a los intentos de extorsión ejecutados por algunas personas de la directiva, entre las que se le acusa directamente a la señora Scovino, razón real detrás de su hostigamiento.
3. En vez de usar su poder para atacar a quienes cumplen la ley, debería responder por el uso arbitrario de un espacio que sí viola las normativas urbanas al operar sin consulta ni autorización de los vecinos, sobre el cual tampoco se rinden cuentas.

PUNTO 10 – “Le corresponde derecho a réplica”

1. Claro que tiene derecho a réplica, pero también tiene la obligación de rendir cuentas. Y hasta ahora no ha ofrecido una sola auditoría pública que incluya a todos los vecinos, ni convocado a asamblea abierta.
2. Confundir el derecho a réplica con impunidad es un grave error. Las críticas que se le hacen no son un linchamiento, son el resultado de una comunidad harta de la opacidad.
3. Tiene derecho a defenderse, pero no a victimizarse para evadir responsabilidades. Si tiene la razón, que lo demuestre con hechos, balances y actas… no con ataques a quienes exigen transparencia. La asociación de vecinos es de todos, y tiene 25 años secuestrada por quienes la han convertido en su propio modus vivendi.