El Gobierno
de Donald Trump deportó a 238 migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de saber que la mayoría no tenía antecedentes penales ni condenas por delitos violentos en Estados Unidos.
De acuerdo a un análisis del Departamento de Seguridad Nacional publicado este viernes, solo 32 de ellos habían sido condenados por algún delito en Estados Unidos, y la mayoría eran faltas menores, como infracciones de tránsito o robos en tiendas.
El informe realizado por ProPublica, The Texas Tribune y los medios venezolanos cazadores de fake news y Alianza Rebelde-Investiga contradice directamente las declaraciones públicas de Trump y sus funcionarios, quienes justificaron las deportaciones, señalando que los deportados tenían vínculos con el extinto grupo criminal Tren de Aragua.
Para ejecutar estas expulsiones, el gobierno de Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, alegando que se trataba de personas peligrosas y vinculadas al terrorismo.
Sin embargo, los datos muestran que realmente sólo seis de los 238 tenían antecedentes por delitos violentos, cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Más de la mitad, exactamente 130, no tenían antecedentes penales ni ningún cargo pendiente. Su único delito fue violar las leyes migratorias.
El estudio refuerza hallazgos previos del Instituto Cato, que reveló que al menos 50 de los migrantes habían ingresado legalmente a Estados Unidos, lo que pone en duda la legalidad de su encarcelamiento en El Salvador.
Fuente: Diario NY
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