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Asimismo, informó que la Defensoría del Pueblo, la Personería y MAPP OEA buscan intermediar en la liberación de los militares y que ya las autoridades correspondientes ya avanzan en la judicialización de los responsables.

"Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado", sostuvo.

Por último, pidió al pueblo colombiano y a la comunidad internacional unirse para rechazar este secuestro masivo y exigir a los violentos su liberación inmediata y permitir a las instituciones ingresar a la región para ofrecer mejor calidad de vida a sus habitantes, históricamente impactados por la guerra del narcotráfico.

"Aquí no solo están secuestrando a militares, están violando sus derechos humanos y están atacando la institucionalidad estatal. Defendamos a quienes nos protegen", concluyó.

Por su parte, el brigadier Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, aseguró que las Fuerzas Armadas de Colombia son respetuosas de los Derechos Humanos y deben actuar con cautela para no dañar a la población civil en medio de las intensas operaciones en contra del grupo armado ilegal.

"Han perdido espacio y control territorial. A eso es que le tienen miedo y por eso están infiltrando a las comunidades, obligándolas y si no acceden a sus peticiones, al destierro y a la misma muerte", explicó.

El presidente, Gustavo Petro, también hizo referencia al secuestro y a través de su cuenta de X hizo un llamado a los campesinos del Cauca que participan bajo amenazas en la retención de los 57 militares y que siguen cultivando coca, a permitirse dialogar con el Gobierno para construir paz en sus territorios.

"El diálogo con el campesinado está abierto para transitar a economías lícitas. Los violentos quieren que golpeemos al pueblo, para tener la excusa de generalizar el conflicto, nosotros queremos generalizar la paz, pero liberar a los soldados, que son sus propios hijos, es imperativo", insistió.

De otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se defenderá la legitimidad del Estado ante esta situación que pone a civiles en la mitad del conflicto armado y pidió a los colombianos entender y confiar en las decisiones de los militares ante la provocación de los criminales.

"Si hubiera respuesta habría una masacre inmediatamente y lo sucedido sería catastrófico para nuestra historia", comentó.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo, manifestó que "no hay justificación para usar a civiles -miembros de la comunidad- para ejecutar privaciones de la libertad, que son delitos bajo la ley penal".

Agregó que la responsabilidad de quienes participan en este crimen debe ser examinada caso a caso y ofreció su mediación para convocar canales de diálogo que permitan la liberación de los militares y la protección de los civiles involucrados.